El problema de la vivienda de alquiler, o como el Estado se empeña en hacer recaer en los particulares un problema sistémico que no los corresponde a ellos solucionar.
Yo soy de una generación que conoció los llamados propietarios pobres. Se trataba de personas que, mayoritariamente por herencia, tenían viviendas o locales sometidos a las limitaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1955 reformada en 1964.
De forma que se encontraban atados de pies y manos por una normativa que les imponía, por un lado, el tener que mantener los contratos de arrendamiento de viviendas y locales de negocio de forma indefinida; y por el otro los impedía incrementar las rentas más allá del IPC.
Dándose la paradoja de que había inquilinos con una capacidad económica bastante superior a los de sus arrendadores, que los pagaban unos alquileres irrisorios.
El Estado sigue optando por estas dos medidas: alargamiento de la duración obligatoria de los contratos y limitación tanto del importe de los alquileres como de sus incrementos al renovarse. A esto se añaden las suspensiones de los procedimientos de desahucio y lanzamiento.
Por otra parte la larguísima duración de los procedimientos judiciales genera una importante inseguridad jurídica, dado que un arrendatario puede dejar de pagar la renta y permanecer en la vivienda meses y meses sin pagar.
De este modo el problema social de la vivienda no se intenta resolver mejorando la oferta de alquiler con incentivos a los arrendadores, ni incrementando el parque de alquiler público, si no que se aplican limitaciones al mercado que, hasta ahora, no han dado nunca el resultado esperado.
Según los principales portales inmobiliarios y los datos del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona, la oferta de pisos de alquiler se ha reducido de forma notable, registrándose un 46% menos de contratos de alquiler en Barcelona en los meses de mayo y junio.
Todo y este problema endémico, se sigue promocionando la industria del turismo, y eventos como la Copa América, que generan un incremento de la demanda de alquiler de temporada por personas de elevada capacidad económica empeorando todavía más la situación.
